Los Colegios de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas denuncian que los ayuntamientos han comenzado a prescindir de los
trabajadores sociales encargados de tramitar la Prestación Canaria de Inserción
(PCI). De hecho, se han suprimido profesionales en los municipios de Santa Cruz
de Tenerife, Güímar, Puerto de la Cruz, El Rosario, Tacoronte, Valverde y
Frontera, así como casi todos los de La Gomera y La Palma. También están
afectados los municipios grancanarios de Telde, Santa Lucía de Tirajana o
Gáldar, los majoreros de La Oliva, Betancuria y Antigua en Fuerteventura y el
lanzaroteño de Teguise.
Ambos Colegios explican que la gestión de las PCI,
ayudas básicas de la Administración autonómica para personas y familias que
carecen de cualquier otro ingreso, requieren de un proceso de evaluación y
control estrictos que llevan a cabo los trabajadores sociales, por lo que no se
entiende que, precisamente en estos momentos con una tasa de desempleo superior
al 33% en el Archipiélago y con más de 125.000 canarios que carecen de
prestación alguna, los ayuntamientos se deshagan de unos profesionales
conocedores de la realidad municipal y con experiencia en la tramitación de
estas ayudas.
Cada vez son más las personas que acuden a las oficinas municipales a solicitar ayudas. |
La presidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincial
occidental, Belén Luis, califica de “incomprensible” que los ayuntamientos, que
son precisamente la administración más cercana y a la que recurren los
ciudadanos cuando ya han agotado todos los recursos, tomen medidas que
disminuyen los servicios que les prestan a sus vecinos justo cuando reconocen
que sus servicios sociales están colapsados por la dura crisis económica.
En este sentido, resalta que a esta política municipal de
recortes se añade que “el de Presupuestos del Gobierno de Canarias para 2013 no solo disminuye las partidas
asignadas a la PCI, sino que además prevé un cambio en la Ley de, que suponen
desmantelar de forma encubierta la Prestación Canaria de Inserción”.
En su opinión, está fuera de toda lógica que se merme la
asignación de la Comunidad Autónoma ( 17 millones de euros menos para servicios
sociales este año), se incrementen las trabas burocráticas y se dejen sin
asesoramiento profesional a los canarios que más lo necesitan.
Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajadores
Sociales de Las Palmas, David Muñoz, considera que "los canarios ven
mermado su acceso a los recursos básicos de los servicios sociales por el
desconcierto en la financiación" y añade que “en estos momentos los
responsables de las diferentes instituciones están reconociendo públicamente
que desconocen qué presupuestos van a recibir de otras instancias en 2013”.
Muñoz añade que “los recortes de personal en servicios
sociales cuando está aumentando la demanda de los mismos provocan que se
retrase la tramitación de los expedientes y se incumplan los plazos previstos
de forma permanente”.
Los trabajadores sociales canarios instan a todas las
administraciones a mediar las consecuencias de unos recortes que van dirigidos
a dejar sin protección a las personas con mayor índice de vulnerabilidad y
requieren a los ayuntamientos a que midan el coste social de dejarlas sin
asistencia. Finalmente, recuerdan que las administraciones públicas están
obligadas por Ley a atender los derechos sociales de la población y que el
argumento de la crisis no puede servir de excusa para dejarlas sin protección.
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